"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Próxima estación: Europa
José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
“Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos Estructurales excluyen a las personas con discapacidad”
27/06/2013
Mario García/Pablo Iglesias
Acaba de cumplir año y medio al frente de la diplomacia española. En esta entrevista con ‘cermi.es semanal’, pone los puntos sobre las íes sobre la situación de la discapacidad en el exterior y destaca que “un componente inedudible” de la Marca España es el compromiso del Gobierno en la defensa de los derechos humanos.
De formación jurista y economista, inició su andadura política en su adolescencia, al ingresar en las Juventudes Monárquicas Españolas (JUME) en 1960. Diputado en las Cortes Constituyentes de 1977, tras nueve años en labores parlamentarias españolas pasó a la Eurocámara en 1994, hasta encabezar el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cargo que ocupa desde el 22 de diciembre de 2011.
España es una potencia mundial en políticas de discapacidad, lo que puede enriquecer el valor de nuestro país en el contexto internacional. ¿Es consciente el Gobierno de que la dimensión social puede y debe ser un activo relevante de la Marca España?
El compromiso de España con la defensa de los derechos humanos es ya un componente ineludible de la Marca España. En el contexto actual de democratización creciente (se habla ya de “cuarta ola democratizadora”) y de desarrollo de los medios de comunicación, un Estado democrático no puede más que promover y proteger la dignidad de los ciudadanos. Estas acciones tienen, lógicamente, impacto en la imagen exterior de un país.
Además, España ha ratificado el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales y el Protocolo Facultativo del mismo. La labor tanto interna como externa de promoción y protección de estos derechos, al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, es garantía del compromiso español con el derecho internacional. El Gobierno de España es plenamente consciente de la importancia que ha tenido y tiene todavía la dimensión social en la imagen exterior de España.
"El Gobierno de España es plenamente consciente de la importancia que ha tenido y tiene todavía la dimensión social en la imagen exterior de España"
Existe preocupación en el movimiento social de la discapacidad español por la falta firmeza de España en relación con los nuevos reglamentos de la UE sobre fondos estructurales, ya que exige su condicionalidad al respeto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Habrá algún compromiso por parte del Gobierno español con las demandas de la discapacidad?
Para el Gobierno español, todo lo que afecta a las demandas de la discapacidad es prioritario. En este sentido, siempre ha apoyado la eliminación de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual.
Para la Unión Europea, los Fondos Estructurales deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea 2020 por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. Sin embargo, estos objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza.
Por otra parte, la inclusión social es uno de los objetivos temáticos de los Fondos Estructurales contenidos en la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. Actualmente, se sigue examinando esta propuesta sin que se haya alcanzado posición definitiva.
¿Estudia el Gobierno español encabezar en la Unión Europea un movimiento activo por construir una auténtica dimensión social y cívica en Europa?
La Unión Europea desea impulsar el desarrollo de su dimensión social, como se puso de manifiesto en las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2012. El Gobierno español apoya muy positivamente la construcción de una auténtica dimensión social y cívica en Europa y desea seguir trabajando en los distintos foros europeos, conjuntamente con el European Disability Forum y el CERMI.
"El Gobierno español apoya muy positivamente la construcción de una auténtica dimensión social y cívica en Europa"
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad acaba de cumplir cinco años desde su entrada en vigor. ¿Qué opinión le merece este aniversario?
Durante estos últimos cinco años, la Convención Internacional de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha convertido en un verdadero marco de referencia, que ha servido para reforzar, de manera jurídicamente vinculante, la protección de los derechos humanos de este colectivo. Esta Convención Internacional supuso, además, un cambio de paradigma en materia de derechos de las personas con discapacidad, que pasaron de ser consideradas como sujetos de políticas sociales y sanitarias a ser considerados como verdaderos sujetos de derechos. Así, se han incluido en la misma aspectos esenciales como la libertad para tomar las propias decisiones, la dignidad inherente a su persona, la autonomía individual, su independencia, no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades o la accesibilidad.
España fue el primer país del Grupo de Europa Occidental y el segundo de todo el mundo que ratificó esta Convención, aspecto motivado, sobre todo, por la avanzada legislación española en la materia. También ha ratificado el Protocolo Facultativo de esta Convención, fue el primer país del mundo en presentar el informe-país al Comité ad hoc de dicha Convención, y el segundo en defender este informe en septiembre de 2012. Estos cinco años de vigencia de la Convención han dado a las personas con discapacidad mayor visibilidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
En la actualidad, el Gobierno está trabajando en el texto refundido de la futura Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que integrará en una única norma las principales leyes existentes sobre discapacidad, armonizándolas, aclarando los textos normativos vigentes y actualizándolos desde el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, previsto en la Convención. Ésta se ha convertido en el eje y referente ineludible de esta labor de refundición. 
2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos. ¿Qué acciones tiene previsto desarrollar el Gobierno desde el punto de vista de política social?
En este marco, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está participando en el Grupo de Trabajo de “InclUEsive Card”, un proyecto de la Comisión Europea, todavía en fase muy incipiente, para crear la tarjeta europea de discapacidad. Debe resaltarse también que 2013 es el Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. La celebración de este año se decidió en la pasada Cumbre Iberoamericana de Cádiz, celebrada el 16 y 17 de noviembre de 2012.
"España se propone incluir de manera transversal los derechos de las personas con discapacidad en todos los procesos de desarrollo sostenible"
¿Cree que Europa debe seguir liderando la cooperación al desarrollo en lo que se refiere a las personas con discapacidad?
Creo que las personas con discapacidad deben estar incluidas en la agenda de desarrollo post-2015, pero también creo que no debemos dar la impresión de que esto es una cuestión que interesa sólo a Europa. Como con otros temas de derechos humanos, se trata de una causa universal, como lo demuestra la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por ello especialmente importante el enfoque transregional. Por ello, estamos colaborando con Filipinas para definir el contenido del documento final de la Reunión de Alto Nivel sobre discapacidad y desarrollo que tendrá lugar en Nueva York el 23 de septiembre de 2013. Se trata de una cita importante y que se celebra en un momento muy oportuno.
Entre otros objetivos, España se propone incluir de manera transversal los derechos de las personas con discapacidad en todos los procesos de desarrollo sostenible, incluyendo el Grupo de Trabajo abierto de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los equipos de apoyo técnico (Technical Support Teams) y el Foro Político de Alto Nivel para el desarrollo de los objetivos globales post-2015, favoreciendo la participación de actores con discapacidad en estos procesos. Además, se apoyará la creación de un grupo de trabajo específico para la vinculación entre discapacidad y desarrollo.
¿Considera que los países europeos y, singularmente, España cumplen con la igualdad jurídica de las personas con discapacidad?
España ha realizado grandes esfuerzos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, convirtiéndose en un país puntero en la materia. Sin embargo, todavía son necesarias más medidas para alcanzar una igualdad jurídica plena. En atención a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, tras su examen a España, se ha procedido a un análisis en profundidad del sistema de protección existente y sus deficiencias. Para ello, se ha creado un Grupo de Trabajo, dirigido por el Ministerio de Justicia.
Alrededor de 80 millones de personas de la UE tienen alguna discapacidad, colectivo cuyo índice de pobreza es un 70% superior a la media, en parte por un menor acceso al empleo. ¿Prevé que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 cumplirá sus objetivos para que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos?
La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 tiene como objetivo prioritario la erradicación de la pobreza. En esta tarea es esencial, tal y como señala la Estrategia, “capacitar a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de una participación en la economía y la sociedad europeas, especialmente a través del mercado único”. La Estrategia se ha convertido en un documento de gran relevancia, que impulsa la implementación de la Convención en todo el territorio de la Unión.
"La crisis económica no puede ser una excusa de la Unión Europea para desatender la necesaria protección de los derechos sociales de las personas"
España está elaborando en la actualidad el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020. Ésta, entre otros instrumentos, se inspira en la Estrategia Europea, así como en los objetivos enumerados y cuantificados con carácter global en la Estrategia Europa 2020, que a su vez han sido concretados a nivel nacional en el Programa Nacional de Reformas de España 2011.
¿Cree que el modelo social europeo está en peligro en la actual coyuntura de crisis económica?
La UE, consciente de la necesidad de reforzar la dimensión social, ha puesto en marcha, a través de la adopción por parte de la Comisión Europea el pasado 20 de febrero de 2013, del Paquete de Inversión Social, que establece un marco para que los Estados miembros redireccionen sus políticas hacia la denominada inversión social. A este respecto, el Paquete proporciona una guía para ayudar a los Estados a alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020, mediante la reorientación de sus políticas de cara a garantizar la adecuación y suficiencia de los sistemas sociales, compaginándolos con el mejor uso posible de los Fondos de la UE. Por dicho motivo, es de suma importancia que los Estados miembro y las instituciones europeas fomenten el ejercicio de mejores prácticas, así como que inviertan en las acciones que generen mayores rendimiento social.
Asimismo, la Comisión adoptara una Comunicación sobre la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria a finales de este mes de junio, que contribuirá a los debates sobre esta cuestión en los próximos meses.
Un 21,1% de las personas con discapacidad corren el riesgo de caer en la pobreza en la UE, cuando el porcentaje de las personas sin discapacidad es del 14,9%, según el estudio 'Impacto de las medidas de austeridad de los Gobiernos europeos sobre los derechos de las personas con discapacidad', elaborado por el Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos y Discapacidad. ¿Qué medidas urge tomar para revertir esta tendencia?
La incidencia del desempleo entre las personas con discapacidad y el riesgo de caída en la pobreza es, como bien dice, mayor al riesgo que sufren otras personas sin discapacidad. Este porcentaje se agrava, además, en tiempos de crisis. Con el fin de afrontar este desequilibrio, se está desarrollando en la actualidad, como ya he comentado, el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, inspirado por el compromiso con la erradicación de la pobreza, que es un objetivo prioritario de la Estrategia 2020 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Recientemente, el Foro Europeo de la Discapacidad, plataforma que agrupa a este sector de población y sus familias, ha reelegido como miembro de su Comité Ejecutivo a la española Ana Peláez, comisionada de Género del CERMI. ¿Qué opinión tiene de la labor que realiza el CERMI?
El CERMI ha realizado y realiza en la actualidad una gran labor en España. La estructura administrativa del Estado en el ámbito de la discapacidad siempre ha mantenido un diálogo abierto, permanente e inclusivo con la sociedad civil. Así, el CERMI ha ejercido un papel de relevancia en foros como el Consejo Nacional de la Discapacidad o en las diferentes fases de la tramitación legislativa.
"Ana Peláez se ha convertido en todo un referente nacional e internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad"
Muy recientemente, como sabe, España fue galardonada con el prestigioso premio Franklin Delano Roosevelt. Este reconocimiento internacional a la labor de España en materia de discapacidad no habría sido posible sin la activa, seria, rigurosa y volcada labor desempeñada por el CERMI. Es una satisfacción que la asociación internacional Disability Rights Award haya premiado nuestros esfuerzos. El CERMI hará buena aplicación de la cuantía económica del premio, lo que contribuirá, sin duda, a mejorar todavía más nuestra situación.
Ana Peláez ha desempeñado un encomiable papel como comisionada de género en el CERMI. A ello me gustaría añadir su condición de miembro del Comité Internacional de Naciones Unidas para el seguimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su labor como directora de Relaciones Internacionales de la ONCE. Ana Peláez se ha convertido en todo un referente nacional e internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad.
